Mayo 2022

Un país sin derechos ni garantías para su defensa

¿Pondrías en riesgo tu libertad y tu integridad física por defender tus derechos? Esa es la realidad de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que, por ejercer legítimamente su labor, se enfrentan a constantes ataques. Podrían cuestionarse ¿qué tanto vale la pena? Y es que, a pesar de las consecuencias, su trabajo es esencial para ayudar y defender a todas las personas que se les arrebatan diariamente sus derechos humanos.

Aunque ha sido un proceso paulatino, el Estado venezolano cada vez aumenta las medidas legislativas, administrativas y judiciales que, junto a prácticas sistemáticas de ataque como la represión e intimidación, dificultan la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y de todo aquel que documente, denuncie y difunda la vulneración de estos en el país; así como a quienes asistan a víctimas y cooperen con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

De personas defensoras a víctimas

Si bien hay momentos en los que el Estado tiene como objeto de ataque a personas u organizaciones específicas, Marianna Romero -directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)- deduce que estas situaciones más allá de afectar a un ente o persona defensora, buscan enviar un mensaje “ejemplarizante” contra la generalidad del movimiento de derechos humanos en el país, como advertencia de que “esto puede pasarle a cualquiera que esté trabajando en la defensa de derechos”.

Actualmente, la organización internacional Front Line Defenders registra 40 casos activos sobre personas defensoras en riesgo en Venezuela. No obstante, en el informe conjunto sobre Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela -elaborado por 44 oenegés en el 2020-, se identifican diferentes tipos de ataques, los cuales varían según el contexto donde operan las organizaciones y las personas defensoras.

“Los agentes desestabilizadores”

Una de las tácticas más comunes son los ataques a la reputación y la credibilidad, los cuales se caracterizan por acciones como la estigmatización y el señalamiento. Desde actores locales pro gobierno hasta altos funcionarios del Estado, señalan a las personas defensoras como “enemigos”, “traidores” y “agentes desestabilizadores”.

El problema radica en que estas afirmaciones no solo estigmatizan, sino que promueven sistemáticamente la violencia contra las personas defensoras, a través de amenazas, actos de intimidación y hostigamiento, que pretenden vincular al movimiento de derechos humanos con actividades delictivas en torno a la corrupción, delincuencia organizada, legitimación de capitales y terrorismo.

Un caso ejemplar de este tipo de ataque es el del defensor Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), pues desde el 2015 ha sido objeto de continuas campañas de difamación por parte de las autoridades venezolanas, incluyendo insultos y acciones denigrantes por parte del diputado congresista Diosdado Cabello en su programa televisivo Con el Mazo Dando.

En vista de que la imagen del defensor Ponce se ha mostrado constantemente en los medios de comunicación estatales, refiriéndose a él como una amenaza para el país, el 20 de marzo de 2015, se le otorgaron medidas cautelares para su protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque estas medidas podrían mejorar el panorama, no es así. Para el 2021 el CDJ registró 505 casos de estigmatización. Sin embargo, lo más impactante es que la investigación Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, vincula el 77% de las detenciones arbitrarias por motivos políticos ejecutadas en 2021, a las estigmatizaciones realizadas por varios medios de comunicación.

Así fue el caso de los miembros de la oenegé FundaRedes, pues su director Javier Tarazona, y los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García, fueron detenidos arbitrariamente el 2 de julio de 2021 tras intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad ante la fiscalía general en la ciudad de Coro, siendo acusados de incitación al odio, traición y terrorismo.

Rastreando cada huella

Otra práctica, son los ataques a la intimidad, privacidad y seguridad a través del acoso y el hostigamiento. Este patrón comprende operativos de vigilancia y seguimiento de cuerpos de seguridad o de inteligencia y también de grupos de civiles pro gobierno, la mayoría de las veces sin identificación visible, en los sitios de trabajo, durante los traslados, en eventos públicos o en sus propias casas.

Así es el caso del defensor de derechos humanos Rigoberto Lobo, director de la oenegé PROMEDEHUM, quien ha sido blanco de ataques desde el 2014, incluyendo amenazas de destruir su vehículo, interrogatorios a personas cercanas, amenazas de muerte y vigilancia tanto por parte de fuentes anónimas como miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Mérida.

Sin libertad por ayudar

Asimismo, se llevan a cabo ataques a la libertad e integridad personal. Esta táctica afecta tanto a personas defensoras de derechos humanos como a líderes de comunidades, activistas, abogados, profesionales de la salud y periodistas, quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante por haber denunciado situaciones que afectan derechos o hacer investigaciones de violaciones.

Uno de los primeros casos en el 2021 fue el de la organización Asociación Civil Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo) del estado Zulia. Cinco de sus integrantes fueron privados de libertad, luego de que una comisión mixta de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio de Investigación Penal del Zulia (SIPEZ) allanara su oficina en un supuesto “procedimiento administrativo” en razón de la implementación de sus programas humanitarios.

A pesar de que Azul Positivo es socio implementador de programas de respuesta humanitaria coordinados por las Naciones Unidas (ONU), esta agencia humanitaria y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) guardaron absoluto silencio sobre la situación. Hasta días después, en los que emitieron dos mensajes en el que se desviaba el foco de la grave situación, e incluso se omitió la palabra “detención”.

Por tanto, la denuncia y visibilización de este hecho quedó en manos del movimiento de derechos humanos venezolano, el cual reaccionó con los pocos recursos disponibles en un contexto donde reina la hegemonía comunicacional.

Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede, ya que OCHA ha actuado de manera contraria a los protocolos previstos en el marco del derecho humanitario internacional. Además, en oportunidades, sus voceros, han dicho a personas defensoras de derechos humanos, que no es una buena práctica denunciar situaciones que vulneren los derechos de las personas, porque se trata de violaciones que se desprenden de un estado de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC ) creada por decisiones del gobierno nacional

Comunidades controladas

Por otro lado, existen ataques que amenazan la vida y seguridad personal a través del control que tienen grupos de civiles armados sobre territorios y comunidades, además de la existencia de fuerzas represivas que actúan bajo sus propios códigos y normas. Esta práctica de ataque se da contra personas defensoras de derechos humanos en muchos estados del país, principalmente aquellas que asisten a las víctimas de violaciones de derechos o denuncian abusos de poder en las comunidades.

Así le sucedió a la periodista y defensora Violeta Santiago en el 2016, quien fue hostigada por el ciudadano Juvencio Vergara, a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, luego de que la defensora colocara en sus redes sociales personales información relacionada a la violación sexual, y posterior asesinato, de la joven Yusleidy Salcedo. Hecho ocurrido en el municipio Pueblo Llano del estado Mérida.

Asimismo, en julio del 2019, la defensora Violeta Santiago, fue víctima de amenazas e intimidaciones por parte de un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado, cuando constataba la falta de combustible en una estación de servicio. Este hecho fue parte de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“En Venezuela, la CIDH y la ONU-Derechos Humanos recibieron información sobre supuestos actos de intimidación y amenazas por parte de grupos civiles armados y fuerzas de seguridad del Estado. (…) El 15 de julio, la periodista y defensora de derechos humanos Violeta Santiago, habría sido víctima de amenazas e intimidaciones por parte de un agente de la Guardia Nacional Bolivariana cuando acudía a una estación de servicio a constatar la falta de combustible en la ciudad de Mérida”.

Impunidad presente

Por otro lado, las personas defensoras suelen tener limitantes cuando tienen causas judiciales, puesto que son comunes los diferimientos consecutivos de sus audiencias o la negativa de excarcelación a pesar de haberse dictado libertad plena o bajo requisito de presentación.

En el caso de los miembros de FundaRedes, a sus representantes legales de confianza les denegaron su designación ante el tribunal. Además, su audiencia preliminar fue diferida más de trece veces. Luego de cinco meses privados de libertad, pasaron a juicio, donde se determinó que Javier Tarazona permanecerá privado de libertad, y a Omar de Dios García y José Rafael Tarazona se les impuso un régimen de presentación cada 15 días.

Otro caso, es el de la defensora de derechos de las mujeres Vannesa Rosales, quien en el 2020 asistió un aborto de una adolescente de 13 años, que fue violada en reiteradas ocasiones por un vecino. Aunque la víctima de violación vive en el lugar de trabajo social de la defensora, Rosales sufrió allanamiento y detención por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

En la audiencia de flagrancia se le imputó el menor de los delitos establecidos en el Código Penal (CP) venezolano con respecto al aborto: el art. 431, que tipifica el aborto asistido a un tercero y establece una sanción menor a 4 años de prisión, lo que le permitía el beneficio de ser juzgada en libertad.

No obstante, la jueza asignada recalificó la petición de la fiscalía, estableciendo la imputación basada en el art. 432 del CP, responsabilizándola de obligar a un tercero a abortar, asociación para delinquir y agavillamiento, por las pruebas incautadas sobre el activismo que realiza la defensora a favor de la despenalización del aborto y asistencia para un aborto seguro.

Aunque obtuvo una medida sustitutiva de casa por cárcel, el CICPC alegó no tener combustible en sus vehículos oficiales y de esa manera no ejecutó el traslado de Vanessa a su casa, por lo que la oenegé PROMEDEHUM tuvo que encargarse de movilizarla.

Asimismo, la audiencia que determinaría su situación legal estaba fijada para el 28 de mayo del 2021, donde además se definiría la calificación de los delitos para ir a juicio si sobre pasa la causa. Sin embargo, la audiencia fue diferida por un error en la convocatoria cometido por el Circuito Judicial del Estado Mérida, en el que no se notificó a la víctima por extensión sobre la audiencia.

Desde su detención los abogados nunca tuvieron acceso a reunirse con Vanessa, y solo se le permitieron dos visitas de sus familiares en los tres meses que permaneció recluida.

Tesis del enemigo interno

Todas estas acciones de violencia y obstaculización contra las personas y organizaciones defensoras, se amparan en la aplicación práctica de la tesis del Enemigo Interno, bajo la doctrina de la seguridad nacional.

Según esa política, “se considerará a toda persona que disienta, contraríe o desafíe la gestión gubernamental como un enemigo de los intereses del Estado y un peligro para la seguridad nacional”. Por ello, las personas defensoras y todo aquel que promueva y exija el cumplimiento de los derechos, se enfrenta a acciones represivas, de criminalización y de control social.

Por otro lado, el CDJ explica que la Tesis del Enemigo Interno ha vinculado las actividades de cooperación internacional de las organizaciones con estrategias de criminalización, alegando que los fondos provenientes de estas cooperaciones se usan supuestamente para “promover actividades injerencistas y asociadas al terrorismo”.

En el 2021, el Estado adoptó un nuevo instrumento normativo conocido como la Providencia 002, el cual obliga a las organizaciones a inscribirse en un Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo.

Esta normativa se impone ante los registros establecidos por la ley del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y, entre otras cosas, a suministrar a la autoridad de la oficina información sobre las actividades que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Particularmente, la asociación civil Mulier -la cual defiende los derechos de las mujeres-, después de cinco años de activismo no ha logrado registrarse legalmente en el SAREN ni en el SENIAT, lo que les dificulta actualizar actas o abrir una cuenta bancaria. La coordinadora de proyectos de esta oenegé, Estefanía Mendoza, explicó que estas trabas impiden la posibilidad de tener financiamiento para proyectos, apoyo o donaciones.

Restricción planificada

Aunque los ataques y las restricciones contra las personas defensoras aumentan cada año –el CDJ reportó 135 ataques en 2019, 303 en el 2020 y 743 en el año 2021-, desde comienzos del siglo XXI, el Estado de Derecho en el país se ha deteriorado. Sin embargo, fue a partir del año 2013, que el Estado venezolano incrementó la ejecución de políticas de criminalización contra la exigencia y defensa de derechos, para desfavorecer el trabajo legítimo de quienes los promueven y defienden.

Desde ese momento, el Estado ha facilitado que se cometan abusos de autoridad y acciones de violencia contra personas defensoras y activistas pacíficos por parte de organismos de seguridad, grupos de civiles armados e individuos adeptos al gobierno; lo que forja un entorno hostil e inseguro para la labor de defensa de derechos. Además, desde el año 2014, se han perdido una gran cantidad de vidas por el uso de armas de fuego letales en manifestaciones.

A partir del año 2015 –con el inicio de la Emergencia Humanitaria Compleja-, se intensificaron las injusticias sociales en el país, las cuales motivaron diversas formas de protesta en todo el territorio nacional, y que en su mayoría fueron objeto de prácticas de criminalización, hostigamiento y represión de los cuerpos de seguridad, en coordinación con grupos de civiles pro gobierno.

Años más tarde, para el 2017, en un ciclo de protestas ciudadanas desencadenadas por unas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se intensificaron las represalias por parte del estado, las cuales dejaron un alto saldo de presos políticos, heridos y personas fallecidas en las manifestaciones.

Para el año 2018, el trabajo realizado desde las organizaciones de la sociedad civil venezolana sirvió a los actores humanitarios internacionales para dar respuesta. Sin embargo, por las características de esta crisis, se ha hecho difícil responder a las necesidades de las personas, puesto que las soluciones de tipo humanitario se activan ante desastres naturales o conflictos armados, y ninguno de esos escenarios está presente en Venezuela.

¿y la respuesta internacional?

Por la situación de los derechos humanos en el país, Venezuela ha tenido la mirada de organizaciones internacionales. En la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas , expresó que el concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio, explicando que parece ser una tendencia creciente la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos.

Su declaración se evidencia con la intervención de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, durante el 49º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ejecutada el 17 marzo de este año, en la que expresó su preocupación por el enjuiciamiento de los miembros de FundaRedes y señaló que:

“Desde septiembre, mi Oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas”.

Ante dicha alocución, Valiñas especificó en esa misma sesión que: “entre las personas que siguen detenidas en El Helicoide de SEBIN se encuentra Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en julio de 2021 y fue acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado”.

Asimismo, en este 49º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, países como Argentina manifestaron su “preocupación por la persistencia de detenidos políticos”. Por lo que recomendaron conducir “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos”, para llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar una reparación adecuada a las víctimas.

“El clima en general de hostigamiento y acoso contra las organizaciones, la criminalización del trabajo que se hace, (…) son dificultades serias. A veces tenemos jóvenes que quieren ser voluntarias, pero ven casos como la detención de Azul Positivo y (…) Ese mensaje tiene un efecto, la gente tiene temor de hacer lo que hace”.

Estefanía Mendoza, coordinadora de proyectos de Mulier

Venezuela reprueba otro examen

La sociedad civil venezolana también ha tomado acciones sobre la vulneración del derecho a la defensa de derechos humanos en el país. En un informe para el 3er ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de junio del 2021, describieron tanto el difícil contexto para ejercer su labor, por los constantes ataques a las organizaciones y a sus integrantes, como el marco normativo restrictivo inconstitucional en contra de las acciones de defensa de derechos humanos.

A su vez, en ese informe expusieron recomendaciones generales, como acabar con la política de criminalización, difamación y desprestigio del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos; desmantelar de forma inmediata los sistemas, organizaciones y grupos responsables de la represión, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales; así como la exigencia de la libertad plena para personas defensoras de derechos humanos que permanecen con juicios abiertos, con medidas sustitutivas de libertad o detenidos por informar, denunciar, documentar o manifestar pacíficamente por la garantía de derechos.

Por otra parte, la organización PROMEDEHUM del estado Mérida, recomienda detener de inmediato el uso de civiles para labores de inteligencia y seguimiento, represión y hostigamiento, en combinación con órganos del Estado, para el control social, poniendo en riesgo la vida e integridad de personas defensoras; así como detener inmediatamente cualquier acto violatorio a los derechos humanos.

Socavando la defensa de los derechos

Como consecuencia de los constantes ataques y restricciones a las personas defensoras, la sociedad civil venezolana ha sufrido una reducción de su tamaño debido a la situación del país. Muchas personas defensoras y activistas han emigrado por temor a que su vida, libertad e integridad física, y la de sus familiares, sean afectadas.

Asimismo, las organizaciones limitan el trabajo que suelen desempeñar por razones de peligro; como sucedió con la oenegé PROMEDEHUM, que al ser víctima de intimidación y hostigamiento por parte de la GNB -en el municipio Tovar de Mérida-, al realizar asistencia humanitaria para la población del municipio Zea, detuvieron temporalmente todos los trabajos relacionados a las acciones de soporte humanitario, como medida de seguridad.

Aunque esto podría tomarse como acciones para perjudicar únicamente a quienes defienden los derechos humanos, la directora del CDJ resalta que, “cuando se ataca a una persona defensora o a una organización, los principales perjudicados son las víctimas, porque ante la falta de respuesta del Estado, los defensores son quienes los acompañan en sus procesos, ya sea de justicia o reivindicación de sus derechos”.

Por ello, con el evidenciado incremento del nivel de hostilidad por parte del Estado venezolano hacia la sociedad civil, se deduce que todas estas acciones en contra del movimiento de derechos humanos en el país son un intento para socavar o desaparecer el espacio cívico del país.

“Es importante que quede claro que la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos es un derecho que tenemos reconocido internacionalmente, y el Estado está obligado a respetarlo, garantizarlo y protegerlo. En consecuencia, es fundamental el cese de las restricciones al espacio cívico democrático y que se empiece a construir un entorno seguro y propicio para que se puedan realizar estas actividades sin temor a represalias.

Además, se debe tomar en cuenta que cuando se ataca a una persona defensora o a una organización, los principales perjudicados son las víctimas, porque ante la falta de respuesta del Estado, los defensores son quienes los acompañan en sus procesos, ya sea de justicia o reivindicación de sus derechos. Por lo que al atacar a los defensores se vulneran los derechos de las víctimas, quienes están desprotegidas ante la inacción o acción del Estado”.

Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia