Se podría pensar que el colapso del sistema sanitario en Venezuela es una consecuencia de la pandemia por Covid-19, pero ¿qué tal si recordamos cómo era la salud en el país antes del coronavirus?

Un recuento

Desde el año 2016, según HumVenezuela, la mayoría de los centros de salud pública presentan gran deterioro en sus plantas físicas y equipos médicos; además de no contar con insumos de limpieza, ni con servicios básicos como el suministro regular de agua o electricidad, complicando la salud de los pacientes hospitalizados y minimizando los servicios de asistencia médica.

La precariedad de estos centros de salud se debe principalmente al presupuesto mensual que reciben. Para junio de 2018 el presupuesto asignado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), el principal centro hospitalario del estado Mérida, equivalía a un salario mínimo, lo que representaría menos de $1 USD en ese momento.

Para ese momento, en el que ni se asomaba la pandemia por coronavirus, el IAHULA solo tenía operativas el 58% de sus camas, puesto que la mayoría estaban deterioradas al punto de no poder ser usadas. Al mismo tiempo, en Bolívar -el estado con el territorio más extenso del país-, existía un déficit de atención hospitalaria de más del 80%, pues su estándar de 30 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes disminuyó un 63%. Al mismo tiempo, en el estado Zulia se estimaba que el 80% de las camas hospitalarias estaban inoperativas, además de que las áreas destinadas a estos fines para adultos y niños tenían faltas graves de elementos esenciales como colchones, baños, climatización e iluminación.

Aparte de la falta de camas hospitalarias, se presenta la escasez de insumos básicos como guantes, inyectadoras, adhesivos, nebulizadores, tubos endotraqueales, vías centrales, gasas, alcohol, papelería (récipes, hojas de evolución, órdenes médicas), catéteres, entre otros insumos necesarios que dificultan la prestación de servicios prioritarios.

Asimismo, la falta de material médico quirúrgico ha disminuido las cirugías, puesto que las personas deben comprar el 90% de los insumos para realizarse cirugías electivas (aquellas que pueden esperar). Es por ello que para el año 2018, en Zulia el 70% de los quirófanos de los hospitales públicos estaban fuera de servicio, y el 30% restante funcionaba de forma irregular por cierres temporales forzados por fallas de los equipos y problemas relacionados con la falta de limpieza, la descontaminación de los pabellones y salas de urgencia.

En cuanto a la higiene, como consecuencia de la mala limpieza por falta de recursos, se han desarrollado infecciones intrahospitalarias que crean nuevas afecciones a los pacientes internados. Solo en el primer semestre del año 2018, fallecieron 386 personas por infecciones bacterianas o sepsis en Mérida. Aunque las defunciones ocurrieron dentro del IAHULA, los pacientes provenían de diversos centros de salud pública

Si bien la mayoría de estos casos perjudicó a personas entre 25 y 64 años de edad, los niños también son afectados. En el estado Lara, entre 2016 y 2017, fallecieron 147 niños y niñas por bacteria Serratia Marcescens en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga; y aunque esto pueda parecer un problema regional, la capital -Caracas- no escapa de esta situación. Entre los años 2017 y 2018 se denunció la muerte de 112 recién nacidos en la Maternidad Santa Ana por sepsis (por bacteria Klebsiella Pneumoniae), además de la defunción de 12 niños y adolescentes que se dializaban en el Hospital Infantil J.M. de los Ríos por infección bacteriana en los tanques de agua y filtros de las unidades.

Sin esperanza de vida al nacer

La decadencia de los servicios públicos, junto a otros factores como la desnutrición, ha aumentado la muerte vinculada a la atención en el embarazo y del nacimiento. Entre 2015 y 2016, las muertes maternas en Venezuela crecieron en 66%, alcanzando una tasa de mortalidad de 140 embarazadas por 100.000 nacidos vivos, y siguieron aumentando durante 2017 y 2018.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2017 estimó que 25.000 embarazadas nunca habían recibido control prenatal y 15.000 sólo a partir del octavo mes, generando complicaciones al momento del parto. Solo en el año 2018, murieron 87 neonatos en el Hospital Raúl Leoni en Bolívar por causas asociadas a la ausencia de controles prenatales, desnutrición materna y agotamiento de medicinas e insumos. El personal de salud de este centro recibía a los neonatos en áreas improvisadas, dado que el servicio de neonatología está cerrado desde marzo de 2018 por la escasez de gases medicinales, la avería de los ventiladores mecánicos y el serio deterioro de la infraestructura.

Aunque en Venezuela un tercio de los niños menores de dos años sufren de desnutrición crónica, sobre todo en las zonas pobres del país -según el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria (2021)-, la capacidad de atención a la salud de los niños y a sus hábitos alimenticios se ha visto afectada por el cierre de servicios de pediatría en los hospitales. En Bolívar, los familiares de niños internados en el Hospital Uyapar, denunciaron en octubre de 2018 que un promedio de 4 niños al día fallecía por falta de insumos. Además, debido a que no hay otro centro de salud disponible para infantes en el estado, el personal colocaba a 3 niños por cada cama y otros en sillas y pisos.

Por otro lado, la falta de vacunas primarias en el país aumentó en gran magnitud las neumonías en niños. En Mérida, entre los años 2013 y 2017 los casos de neumonía en niños de 1 a 4 años aumentaron 81%, mientras que en menores de 1 año y mayores de 5 años el aumento fue de 12%. Para el 2018, se dieron 626 casos de infecciones respiratorias agudas y 11 de influenza en infantes.

Asimismo, el estado Mérida es uno de los principales con casos de diarreas en niños por la deficiencia de suministro y calidad del agua, así como la inaccesibilidad a productos de higiene. Del total de casos registrados en 2018, 25% (194) fueron niños menores de 1 año de edad, 28% (219) entre 1 y 4 años de edad y 47% (360) de 5 años de edad o más. Los casos de diarrea severa con deshidratación se deben principalmente al rotavirus, de transmisión hídrica y prevenible por vacuna que, por lo general, afecta a niños menores de 2 años de edad.

Ante esta situación, en una nota de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), los expertos dijeron en 2018: “Nos preocupa de manera profunda que niños y niñas estén muriendo por causas prevenibles relacionadas con el estado de deterioro de las instalaciones de salud, la escasez tanto de insumos de salud como de medicamentos, así como la falta de medidas sanitarias y de higiene eficaces”.

Enfermedades crónicas sin control

Entre otras calamidades, para el año 2018, casi el 100% de los laboratorios del sector público no podían hacer pruebas de rutina ni de emergencia frente a un 90% de escasez de reactivos, repuestos para equipos, insumos y materiales básicos como tubos de ensayo, inyectadoras, algodón, alcohol, guantes y recolectores de muestras. En ese momento, 38% de los laboratorios estaban técnicamente cerrados y 69% de los bancos de sangre que hacían pruebas serológicas a donaciones, no contaban con reactivos e insumos para tamizaje de enfermedades transmisibles como hepatitis B, hepatitis C, VIH, enfermedad de Chagas, sífilis y virus linfotrópico humano.

Las extremas carencias de laboratorios y bancos de sangre son la principal causa de la suspensión de cirugías y no permite garantizar tratamientos transfusionales seguros a personas con anemia, cáncer, problemas renales y hematológicos, así como realizar otro tipo de exámenes, y el almacenamiento y transporte de la sangre y hemoderivados.

Esta situación generó en Bolívar que unas 212 personas aumentaran el riesgo de fallecer por falta de transfusiones, puesto que para el 2017 disminuyeron de mil transfusiones mensuales a solo 60. Además, factores como la desnutrición, el paludismo, la hepatitis y la malaria, han reducido las donaciones en este estado y gran parte del país. En Zulia, se ha creado un “mercado negro” de bolsas de sangre, las cuales se venden a las afueras de los centros de salud sin asegurar ninguna calidad de la misma.

A su vez, enfermedades como el cáncer cada vez son más complicadas de atender. Problemas “simples” como la falta de aire acondicionado en las salas de quimioterapia hace que las personas no puedan recibir todas las sesiones. Así como problemas más graves como los frecuentes y repentinos cortes de electricidad que han dañado diversos equipos médicos, cuyo reemplazo es prácticamente imposible por el alto costo que ello supone.

En el IAHULA de Mérida no funcionan los equipos de tomografía, densitometría ósea y radioterapia desde 2015; la unidad de resonancia magnética que es la única del estado no está operativa desde octubre de 2009, y el equipo de braquiterapia tampoco está disponible desde 2017;

Otro caso delicado son las personas que requieren diálisis y no encuentran tratamiento adecuado por las fallas de las máquinas y el suministro incompleto de medicamentos. En Zulia, en el 2018, tres centros reportaron fallecimientos de personas por los frecuentes cortes de electricidad y de agua. Gran parte de estos centros no posee planta eléctrica y de tenerla no pueden resistir interrupciones de larga duración. Asimismo, por los severos cortes de agua, muchas personas en diálisis han tenido que costear camiones cisternas o solicitar donaciones de agua a los mismos organismos oficiales. La mala calidad del agua que suministran estos camiones también produce la suspensión de sesiones por los riesgos de contaminación y daño de los filtros de las máquinas.

Por otro lado, las personas con condiciones crónicas graves dejaron de recibir medicamentos de alto costo en 2016, cuando se suspendieron las compras de estos insumos en el país, agotándose en las farmacias y privando a las personas de sus tratamientos. Hasta 2018, 3.000 personas trasplantadas dejaron de recibir inmunosupresores y, como consecuencia, 96 personas sufrieron rechazo de sus órganos; a 5.000 personas con hemofilia se les negaron factores de coagulación para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica; 33.000 personas con Parkinson perdieron sus medicamentos, causándoles terribles sufrimientos que van desde la pérdida de equilibrio hasta una rigidez total que puede provocar la muerte.

Otra condición de salud afectada por las malas condiciones del servicio de salud público es el VIH/SIDA. En Mérida, el VIH/SIDA es la segunda causa de infección de transmisión sexual, y para noviembre del 2018 sólo el 59.5% de las personas con VIH recibían Terapia Antirretroviral (TAR). Las condiciones de las personas con VIH han empeorado velozmente, no sólo por la falta de TAR, sino por la ausencia de pruebas de seguimiento, falta de medicamentos y desnutrición.

Ese mismo año, el estado Zulia registraba 45 casos nuevos de VIH cada semana, de los cuales 90% estaban en estado SIDA, complicando el estado de salud de los pacientes por la precaria accesibilidad a las consultas especializadas en VIH, los cuales desarrollaban neumonía, sarcoma de Kaposi, toxoplasmosis y tuberculosis. Es por ello que, en este estado, cada semana recibían 20 solicitudes de informes para personas con VIH que se veían forzadas a emigrar en búsqueda de tratamiento y atención a la salud.

Reaparición de epidemias

En estos últimos años de Emergencia Humanitaria Compleja , 20,2 millones de personas (71%) han estado expuestas a enfermedades que se expandieron o resurgieron como epidemias en gran parte del país por causas como el debilitamiento de los programas de salud pública, de vacunación, la suspensión de los planes de fumigación por parte del gobierno y el desplazamiento interno de la población, incorporada a la minería ilegal u otras actividades informales ante el severo deterioro económico del país.

Entre estas enfermedades, destacan la Malaria, presente en 20 de los 24 estados del país. Sin embargo, Bolívar es el estado con mayor número de casos del país (concentra más del 80% de los casos desde hace varios años), y es epicentro de la epidemia. No obstante, a pesar de la alta incidencia y prevalencia en la población, los órganos competentes no emiten estadísticas sobre el avance de la epidemia ni informan cómo prevenirla.

En 2018, 13 personas indígenas de este estado fallecieron en un periodo de 8 meses: 7 por Malaria y 4 mujeres por complicaciones en el embarazo. Además, las crecidas de los ríos en los meses de junio y julio incrementaron las enfermedades estomacales, las lesiones en piel y el riesgo de paludismo, afectando a una gran cantidad de niños indígenas por consumir agua contaminada de los ríos, ante la ausencia de agua potable en sus comunidades.

La Malaria y el Paludismo se han expandido por todo el país por la intensificación de las actividades mineras y los desplazamientos humanos, a objeto de dedicarse a la extracción del oro y de otros minerales para subsistir ante la grave situación económica a nivel regional y nacional.

No obstante, hay estados como Mérida que tiene casos autóctonos en zonas donde se suponía haberse logrado interrumpir la transmisión. De hecho, se han reportado casos en municipios donde se creía que no existe el vector, aumentando el número de casos de Malaria en 1000% para el año 2018.

Otras enfermedades como el Sarampión y la Difteria se han presentado en unos 17 estados del país. El Sarampión en niños, niñas y adolescentes se elevó en 970%, creciendo de 727 casos en 2017 a 7.054 en 2019. No obstante, en Mérida de 104 casos sólo se confirmó 1 por parte del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en Caracas, paralizándose el procesamiento del resto de las muestras sobre la base de que, con este único caso, no se había demostrado la circulación del virus, a fin de garantizar la disponibilidad de reactivos para la vigilancia en otros estados. Lo mismo ocurrió con la Tosferina, se registraron 53 casos sospechosos, sin llegar a confirmar ninguno de los casos, aun cuando se produjeron 3 defunciones por esta causa hasta agosto de 2018.

Por otro lado, en 2016 se inició un brote de Difteria en el país, que afectó a Mérida, donde una vez más se señala la falta de vacunas como una de las causas de la reaparición de esta infección, pues la cobertura del esquema con pentavalente que protege contra ella fue de 13% en el primer trimestre de 2018, 9% en su primer refuerzo y 9% en el segundo. Para agosto de 2018 se alcanzó apenas un 28% de cobertura, luego de una jornada de vacunación con toxoide diftérico, lo cual evidencia que la población de Mérida sigue siendo vulnerable a esta epidemia.

¿Cómo se enfrentó Venezuela a la pandemia?

La intensificación de la emergencia con la pandemia causó más estragos en el sistema sanitario público, que ya se encontraba en colapso como consecuencia de un deterioro prolongado de sus capacidades físicas, institucionales, operativas y financieras.

Al notificarse los primeros casos de Covid-19 en Venezuela, fueron designados 46 hospitales públicos en todo el país para la atención de los más graves. En ese momento se informaba un total de 11.000 camas y 1.213 camas de cuidados intensivos (camas UCI) en centros públicos y privados. En junio 2020, el total de camas UCI se sinceró a 206, de las cuales 50% no contaba con ventiladores y 48% se concentraba en el Distrito Capital y el estado Miranda. A junio 2021, se contabilizaban unas 237 camas UCI, con un porcentaje de ocupación mayor al 50% por el ascenso de los casos en 2021. Muchas personas con coronavirus se quedaban en sus casas para no acudir a los centros de salud, con riesgo de agravarse, por una atención tardía, falta de oxígeno y/o medicamentos.

Con la pandemia, se elevó a 18,8 millones el número de personas que perdieron servicios de salud en el sistema sanitario público, pero también en el privado. Además, aumentó a 91% la proporción de personas sin protección financiera, y a 59%, las que no tenían recursos económicos para gastos de salud. La pérdida de servicios de salud públicos representó una privación severa para 10,4 millones de personas con problemas de salud graves, tanto crónicos como agudos, entre ellos, cardiovasculares, diabéticos, renales, pulmonares, cáncer y otros.

Los datos señalan que, a junio 2021, aumentó a 20,4 millones el número de personas con problemas de salud de mayor prevalencia, sin incluir Covid-19, la mayoría empobrecida, sin ninguna protección financiera para afrontar gastos de enfermedad y con dificultades para tener acceso a las medicinas por escasez, elevados costos y suspensión indefinida de programas para tratamientos de alto costo.

Además, los hospitales públicos, ocupados en la atención de la pandemia, reportaron servicios de salud con 82% de inoperatividad para enfermedades distintas a la Covid-19, en particular, por el incremento en 70% del retiro de personal médico y en 88% el de enfermería. En estos centros, la escasez de insumos alcanzó 83%, las camas operativas siguieron disminuyendo, y aunque mejoraron las habilitadas para atender casos graves de Covid-19 a medida que iban aumentando, los médicos no contaban con el equipamiento clínico necesario.

La situación empeoró con el incremento en las fallas de los servicios básicos, en los hospitales públicos del país, un 75% no contaba con suministro regular de agua y 73% sufría de fallas de electricidad. Además, se generaron nuevos problemas como la escasez de combustible en gran parte del país, dificultando movilidad de los pacientes y personal de salud por la falta de transporte y por las largas colas para surtir combustible, que en algunos estados del país podían durar días.

Asimismo, parte de las renuncias masivas del personal de salud -desde que comenzó la pandemia- se debe a las paupérrimas condiciones en las que trabajan. Según el Monitor Salud de la Red Sindical Venezolana, durante el 2021 se registraron 6.114 trabajadores sanitarios contagiados con Covid-19, puesto que “a pesar de la llegada de las vacunas el personal de salud está expuesto a las peores condiciones, sin insumos ni medidas que les garantice protección”, por lo que para el primer semestre del 2021 cerca de 700 trabajadores de la salud habían fallecido por Covid-19, contraído en el ejercicio de sus labores.

Para junio del 2021, 11,4 millones de personas no contaba con implementos básicos de protección contra el coronavirus ni con espacios para aislamiento en el hogar en caso de contagio. Además, para ese momento, el 85% de la población aún no estaba vacunada y se mantenía una baja capacidad diagnostica por un déficit mayor al 60% de pruebas de polimerasa (PCR).

Aunque en ese momento la letalidad de los casos iba en aumento, en la mortalidad se mantenía la práctica de no registrar las defunciones sospechosas de Covid-19, a menos que fuese con resultados positivos confirmados, muchos de los cuales llegaban con gran retraso, inclusive después de las muertes.

En relación a lo anteriormente expuesto, se puede decir que la pandemia ocupó la mayor parte de la actividad de los centros de salud del país, sin capacidad ni preparación para manejar los casos. Aunque en los centros públicos designados subió un poco el número de camas y el equipamiento de cuidados intensivos, no fue lo suficiente para atender la curva de aumento de casos que se retrasó por un tiempo debido a las restricciones previas de la emergencia humanitaria.

Por tanto, antes de la pandemia y durante ella, el riesgo de fallecer en un hospital público en Venezuela es bastante alto, causando extrema vulnerabilidad a las personas por la precariedad de las condiciones de atención.