Venezuela no puede ser otra crisis olvidada

Rigoberto Lobo*
/ Enero 2024

Según la plataforma R4V de Naciones Unidas, actualmente hay 7.7 millones de personas venezolanas que han migrado a otros países, muchas de ellas huyendo de la persecución política, incluso sin haber estado involucradas en actividades de denuncia, exigibilidad de derechos o de partidos políticos. Civicus es una importante voz global que trabaja para evitar que Venezuela se convierta en otra crisis de derechos humanos olvidada.

Venezuela recibe una evaluación desfavorable en un nuevo informe; cada vez son más los organismos internacionales que alertan sobre el deterioro progresivo en el país. Según la alianza internacional Civicus, en Venezuela prevalece un clima de miedo y violencia, resultado de numerosas detenciones injustas y daños infligidos a personas, todo ello con total impunidad. Según sus estándares de medición, Venezuela es reclasificada y alcanza el nivel más bajo, siendo categorizada como un “espacio cívico cerrado”.

A estas características se les suman, contribuyendo así a la nueva y más negativa clasificación, las restricciones a la libertad de expresión, la censura y los intentos de establecer leyes que limitarían de manera significativa el funcionamiento de cualquier forma organizativa. Es importante destacar que no se trata exclusivamente de las ONG de derechos humanos; aunque estas podrían ser el primer objetivo y como sucede con diversas formas de violencia, podría parecer que nunca nos afectará hasta que ocurre a alguien conocido o incluso a uno mismo.

Civicus es una alianza de la sociedad civil a nivel mundial, una referencia importante en la observación y vigilancia de la participación democrática de las personas y su libertad para unirse y trabajar por un objetivo común. Con su clasificación actual, Venezuela se junta en la región con Nicaragua y Cuba. Hasta el año 2022, Venezuela fue clasificada en la categoría “represivo”, pero Civicus explica y demuestra que, debido a la acumulación de medidas represivas, el país desciende al nivel más bajo en la medición.

La amenaza y persecución constante contra defensores de derechos humanos en Venezuela es otra variable que no disminuye; aunque las formas puedan cambiar en algunos momentos, es una situación de particular preocupación. El defensor de derechos humanos Javier Tarazona lleva más de 900 días detenido sin motivos. Sus abogados han informado en varias ocasiones que su salud sigue deteriorándose y que se están produciendo constantes violaciones al debido proceso.

También podemos mencionar a José Cádiz, conocido como “el enfermero de los zapatos rotos”, quien se volvió viral en las redes sociales al expresar sus reclamos sobre mejoras salariales y evidenciar el deterioro de su indumentaria de trabajo. Como resultado, fue detenido, desapareció durante horas e incluso fue víctima de tratos crueles.

Cada día en Venezuela, las personas temen expresarse libremente debido a posibles consecuencias, un hecho que Civicus destaca en su reciente informe titulado “Poder ciudadano bajo ataque 2023”. En su monitoreo constante, exponen que al culminar el año 2022, se habían cerrado 81 estaciones de radio y al menos 5 adicionales en la primera parte de 2023.

El acceso al papel se ha convertido en una herramienta para censurar a los periódicos. Según Civicus, en los últimos 9 años, más de 60 periódicos venezolanos han dejado de circular indefinidamente. En cuanto a la televisión, 10 cadenas internacionales de noticias fueron expulsadas del país, y los canales locales han optado por la autocensura o incluso han cerrado.

En relación con el tema de las ONG, en Venezuela, durante los últimos años, el gobierno ha introducido en la agenda pública tres normativas que, de avanzar, podrían poner fin de manera definitiva al espacio cívico. El reciente proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines es una normativa regresiva que viola estándares de derechos humanos.

Para mediados del año 2023, el 71 % de las ONG activas fueron legalmente constituidas en algún momento. De este porcentaje, el 54 % ha enfrentado obstáculos para legalizar sus documentos, y el 45 % de las ONG han sido objeto de acoso o persecución, según datos recopilados por la organización venezolana Promedehum e incluidos en el informe Civicus del año pasado.

Con la nueva ley en contra de la libertad de asociación, denominada por las organizaciones venezolanas como la “ley anti sociedad”, se impondrían más de 20 requisitos, casi imposibles de cumplir, limitando de diversas formas la actuación de cualquier forma asociativa. Además, se obligaría a las organizaciones a aceptar a funcionarios públicos como parte de las mismas, y ante la simple apertura de un procedimiento, sin que se haya probado nada, la organización podría ser suspendida.

Esta nueva ley venezolana sería bastante similar a la aplicada en Nicaragua, la cual ha resultado en la anulación de más de tres mil organizaciones. Según el gobierno de Maduro, toda persona es considerada como enemiga, ya sea por sus actividades en defensa de los derechos humanos, acciones humanitarias, o incluso personas que, según el gobierno, podrían ser percibidas como opositoras a sus ideas.

Venezuela no está en guerra, pero las consecuencias de la emergencia humanitaria son similares a las de países que sí la padecen. Hacia la sociedad civil o cualquier persona, existe una clara percepción por parte del gobierno de que son considerados como enemigos, y en una lógica militar, parece que el objetivo es su eliminación.

 

link del informe Civicus “Poder ciudadano bajo ataque 2023”:https://civicusmonitor.contentfiles.net/media/documents/GlobalFindings2023.pdf