Para hablar de un sistema educativo relativamente normatizado en Venezuela, hace falta trasladarse a la segunda década del siglo XIX, en el que podemos dar cuenta de los trabajos de Don Simón Rodríguez y Don Andrés Bello para definir, por lo menos, unos ideales educativos, que se mantienen sin mucho cambio, apelando a lo estrictamente curricular hasta principios del siglo XX, cuando, con la llegada de congregaciones religiosas católicas, se impulsa la profundización de la estructura educativa como una necesidad primordial que, además, cumpla con su carácter de derecho fundamental.

Diciembre 2021

Así, por ejemplo, la dictadura de Juan Vicente Gómez (finalizada en 1935) hace visible la necesidad de priorizar la educación en el Estado Venezolano: el Ministerio cambia de nombre a Educación Nacional y en 1940, se aprueba una Ley de Educación que coincide con la creación del Instituto Pedagógico. Más tarde, en 1948, se promulga la Ley Orgánica de Educación Nacional que tiene un especial interés en la alfabetización de adultos.

El advenimiento de la democracia y la constitución de 1961 intentan hacerse cargo del problema, al poner la educación como base para la promoción de la autonomía y oportunidades para que cada persona pueda desarrollar su potencialidad de acuerdo con sus expectativas y aspiraciones. La educación se define, por primera vez, como un derecho irrenunciable de la persona y al Estado se le asigna un papel primordial e indeclinable en su promoción, desarrollo y estimulo, que empieza a ser notoriamente fallido en 1997, año que se tiene como el inicio de una profunda crisis dentro de las estructuras organizativas del sector, la cual no ha hecho más que agravarse.

Diversas leyes y reglamentos promulgados desde 1999 reconocen el proceso educativo tanto un derecho de los ciudadanos como un deber social; la verdad, según detallaremos más adelante, es que la educación pública venezolana no escapa de los problemas derivados de la profunda crisis que padece Venezuela, agravándose en el contexto de su utilización como herramienta ideologizante en busca del pensamiento único.

Siglo XXI en crisis

Si bien el deterioro actual del sistema educativo venezolano se le podría adjudicar a la pandemia por la Covid-19, la verdadera causa de su agravamiento es, como ya hemos dicho, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en la que se enmarca el país desde el año 2015.

Según el Reporte Nacional EHC Derecho a la Educación 2018: “Esta emergencia tiene efectos devastadores en la vida y el bienestar de todas las personas, lo cual incluye severos daños al proceso de desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes y a su porvenir en el derecho a la educación (…)”.

Diversos factores como la falta de recursos económicos y de servicios básicos (transporte, electricidad, agua y drenaje de aguas servidas) han dificultado el funcionamiento regular de las escuelas. No obstante, con la llegada del coronavirus a Venezuela -y la nueva modalidad de la educación a distancia- estos problemas se afianzaron en la mayoría de los estados, y se trasladaron a los hogares que se convirtieron en casa de estudio ; sumándosele problemas como la falta de recursos para el acceso a internet y las constantes fallas en las telecomunicaciones.

Desmotivación escolar

Para junio 2021, HumVenezuela estima que el abandono escolar aumentó casi un 8%, cifra alarmante, puesto que para el 2018 existían más de 1.000.000 (un millón) de niños desescolarizados.

Ante este dato, el coordinador general de Excubitus, Alexis Ramírez, categoriza los motivos del abandono en dos: un factor económico, que envuelve la falta de alimentos, evidenciado desde el año escolar 2016-2017, cuando al 69% de las escuelas dejaron de proveer desayunos a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Para el año 2018, el PAE llegaba solo dos veces a la semana con verduras y carbohidratos, sin proteínas que suministraran el mínimo de calorías y nutrientes, aumentando la desnutrición en los escolares.

Dentro del factor económico se enmarca la falla de los servicios básicos, tanto en las casas como en las escuelas. Antes de la pandemia, al menos el 50% de los planteles educativos redujo la cantidad de horas efectiva de clase para evitar problemas de salud, puesto que la falta de agua potable generó enfermedades gastrointestinales y diarreas severas en la población estudiantil.

Asimismo, la falta de recursos económicos dificulta la calidad del funcionamiento de los planteles; por ejemplo, en el 2018 se incrementaron las dolencias posturales por falta de dotación de pupitres para los alumnos, y escritorios y sillas para los docentes. En un plantel se reportaron 16 pupitres para 160 alumnos, por lo que atendían clases sentados en el suelo. A su vez, la situación económica dificulta la adquisición de uniformes y útiles escolares -la canasta escolar equivalía a 30 salarios mínimos en 2018-, e incentiva la necesidad de trabajar: “muchos muchachos han decidido trabajar en vez de asistir a la escuela para poder apoyar la situación económica de su familia”, expresa Ramírez.

El otro factor de abandono explicada por Ramírez, se refiere a lo educativo, puesto que existe una asistencia irregular a las actividades escolares, incluida en la modalidad a distancia (calculada en un 67%), vinculada a causas económicas, las cuales provocan desestimulo en los estudiantes para asistir a la escuela. A este factor debe sumársele el rezago escolar, es decir, “el grado en que está el muchacho vs. el grado en que debería estar por su edad”. Aunque para el 2018 existía un 15% de rezago escolar severo, debido principalmente a la falta de alimentos y agua, en la actualidad se intensificó para quienes no tienen un ambiente educativo en casa o no cuentan con las tecnologías adecuadas (88% de los grupos familiares reportaron la falta de computadoras y conexión a Internet).

Programas educativos obsoletos

Por otro lado, Ramírez explica que hay deficiencia en los currículos educativos por estar desactualizados, “sin ser acordes a lo que dicta el Derecho a la Educación, y mucho menos a los avances de la ciencia y la tecnología”. A este problema se le suman “las promociones sin competencia”, es decir, los alumnos son promovidos con un sistema de evaluación que no certifica tener las competencias del grado. Además, si no han aprobado las evaluaciones, estas pierden validez a medida que se repiten y, los alumnos terminan haciendo labor social dentro de las escuelas para aprobar.

En el año 2014, el Gobierno Nacional decidió hacer un cambio profundo en los currículos de estudio de educación básica y media. La sociedad civil respondió con grave alarma bajo el grito de “Con mis hijos no te metas”, intentando dar respuesta a uno de los más descarados procesos de adoctrinamiento que se conoce en la educación pública venezolana: la obligatoriedad de uso de libros de texto únicos, que contenían versiones “oficiales” de la historia patria y algunos drásticos errores de interpretación de fenómenos físicos y naturales que preconizaban su enseñanza desde una óptica “socialista”. Los libros que avalaban esa “revolución educativa” se repartieron en todas las escuelas públicas y privadas con el fin de unificar los pénsum de educación media y su posterior proceso evaluativo, complicado ante el deseo del Ministerio de Educación de impedir a toda costa la reprobación de un estudiante. Hasta la fecha no existe un resultado cuantificable de lo conseguido con esos cambios y, a decir verdad, cada instituto hizo lo que consideró prudente. La medida, de alguna manera hizo que las escuelas replantearan sus métodos y fueron eliminando, poco a poco, la utilización de libros de texto, más por razones económicas que de otro tipo. Al final, la llegada de la situación de emergencia por la pandemia de la Covid-19 deshizo todos los planes.

Con la educación a distancia los sistemas de evaluación se deterioraron aún más. Aunque los docentes hacían evaluaciones continuas semanales a través del correo o de aplicaciones de mensajería instantánea, el 75,9% de los docentes no contó con un servicio de internet regular.

Si bien el gobierno de facto creó el programa Cada familia una escuela para garantizar la educación educativa a toda la población estudiantil, este “rompe todos los atributos que en el mundo se han establecido para que se pueda considerar la educación a distancia; puesto que estos son contenidos que se presentan en un programa de televisión que no constituye para nada lo que es una verdadera educación”, explica Ramírez.

Sin personal capacitado

Desde 2015 (mismo año en que se consideró a Venezuela en una EHC) hay un déficit de docentes , cuyo número aumentó este 2021 a 83%. En relación a esto, el director de Excubitus explica que los docentes se retiran formalmente (siguiendo el protocolo para retirar sus documentos e irse del país) o informalmente (dedicándose a otras labores diferentes a la docencia que les permitan la sobrevivencia), en busca de una mejor vida. Se estima que para el 2018 al menos el 40% de docentes de educación básica migró por supervivencia.

El principal motivo de su retiro es el salario , el cual experimentó una caída de 98,6% este año, ubicándose por debajo del umbral internacional de pobreza. Ante esta situación, los docentes son reemplazados por personas no calificadas como, por ejemplo, jóvenes de la misión socialista “Chamba [trabajo] Juvenil” (quienes usan la educación como herramienta ideologizante), e inclusive padres y representantes que asumen la labor de los docentes, sin garantizar una educación de calidad para el desarrollo académico, social y emocional de los infantes y jóvenes. Antes de la pandemia, el 80% de los directivos y docentes de las escuelas fueron nombrados sin un proceso equitativo de selección ni de credenciales.

En relación con el alto déficits de docentes en todos los estados, los que reportaron mayores proporciones fueron Amazonas (90,4%), Monagas (87,5%), Trujillo (87,3%), Bolívar (87,4%), Aragua (84,1%).

Un inseguro regreso

A pesar de este lúgubre panorama de la educación primaria y secundaria, el gobierno anunció el regreso a clases presenciales el pasado 25 de octubre, aunado al programa Una gota de amor para mi escuela con el fin de garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los planteles educativos en el período escolar 2021-22.

Aunque ese programa podría ser un plan de rehabilitación para los planteles, la mayoría de las escuelas presentaba un deterioro muy severo antes de la pandemia por altos déficits de infraestructura y personal (en 90% de los planteles de los que se obtuvo información no hay personal de mantenimiento y aseo, ni dotación de insumos para la limpieza de las instalaciones).

En la actualidad los planteles no cuentan con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las clases, puesto que desde que comenzó la pandemia, el 40% de las escuelas sufrieron un deterioro físico mayor al que ya tenían, sobre todo por el vandalismo (el 90% de las escuelas padecen inseguridad con asaltos recurrentes y robos de infraestructura). En el año 2018 el 95% de la infraestructura escolar presentaba un alto grado de deterioro por la falta atención a la infraestructura y servicios continuos, dificultando el desenvolvimiento de alumnos con condiciones especiales.

Además, desde 2018 la mayoría de los planteles (cerca del 100% de las escuelas oficiales) no tiene recursos del Estado para el funcionamiento, mantenimiento o reparación de las instalaciones; ahora, mucho menos, para cumplir las medidas mínimas de higiene -como la falta de agua para el lavado de manos, y de detergentes para la desinfección de los espacios-, así como para seguir las normas de bioseguridad, a saber: ventilación de las aulas o espacio suficiente para el distanciamiento adecuado entre los alumnos. Asimismo, aunque el costo de los tapabocas o gel parezcan accesibles, Ramírez expresa que pueden desajustar el presupuesto familiar para la compra de alimentos.

Ante esta precariedad, se evidencia la postura del presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, quien expresó que no es el momento para convocar el retorno a clases presenciales; pues Venezuela atraviesa una tercera ola de Covid-19; que se constata con el cierre de 49 escuelas en el país por casos de Covid-19 en los primeros quince días de clases presenciales (dato de El Pitazo del 11 de noviembre de 2021).

Y aunque el director de Excubitus expresa que los contagios de Covid-19 con el regreso a clases “es hasta en cierto punto normal, puesto que en otros países ha sucedido lo mismo”, hace énfasis en que mientras el Estado no provea todo lo necesario para mejorar la higiene y bioseguridad de las escuelas, seguirán aumentado los casos de contagio, a lo que se le suma como problema, el precario sistema de salud.

Para cerrar, Alexis Ramírez expresa que la falta de recursos estatales no es una excusa para vulnerar el Derecho a la Educación, puesto que los tratados firmados por la República ordenan al gobierno buscar los recursos externos para cumplir su obligación de garantizar una educación acorde a los estándares y tratados internacionales. Sin embargo, desde 2015 no se dispone de información pública oficial sobre la gestión de la educación, y el gobierno no ha demostrado capacidad para solucionar los graves problemas que afectan a los escolares.

Referencias:
Reporte Nacional (noviembre, 2018) Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. Derecho a la Educación.
HumVenezuela (Hoja de análisis – junio 2021) Derecho a la educación. Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela con Pandemia Covid.